Cada vez que oigo hablar de deslocalización llueven las críticas del oportunismo o la codicia de los empresarios.
Son muchas las empresas que no pueden soportar, o no les conviene, el sistema económico y legislativo que regula su actividad empresarial. Entonces, lo que deben hacer para continuar produciendo con unos beneficios adecuados o más justos, es desplazarse a aquel lugar donde el sistema lo permita.
En este país se dan muchos casos en los que a un empresario le resulta muy difícil mantener unos precios competitivos de su producto final. Los motivos son muchos, por ejemplo: la materia prima ya es cara; a menudo los beneficios de los productores, y sobre todo de los intermediarios, son desproporcionados al coste real. La presión fiscal es alta; el gobierno cobra impuestos directos e indirectos por todo, cargo que acaba asumiendo el consumidor que a su vez vuelve a pagar un impuesto por lo adquirido. También la mano de obra les resulta costosa; los trabajadores exigen pagas extras, vacaciones pagadas, bajas laborales remuneradas, y durante el trabajo, la ley del mínimo esfuerzo. Además, han de competir con otros fabricantes que pueden estar en clara ventaja.
Por si todo esto fuera poco el comprador final busca el producto más barato.
Así pues, esta actitud deslocalizadora, no podemos criticarla negativamente ya que, nosotros como consumidores hacemos prácticamente lo mismo: recorremos las tiendas o los distintos profesionales, hasta encontrar la mejor opción o la más económica.
Por todo esto, es lógico pensar que si los empresarios están en su derecho de buscar una ubicación beneficiosa para su actividad empresarial, es el gobierno el que ha de poner los medios y facilidades para que esto no ocurra.
